La creciente popularidad de la metanfetamina, una droga barata y altamente adictiva, sobrecarga los servicios de salud y desgarra a familias y comunidades en el Sudeste asiático. Como consecuencia, muchos países adoptan políticas de mano dura para combatir el aumento de consumo de drogas.
Las medidas más duras han sido tomadas en Filipinas, donde la guerra del presidente Rodrigo Duterte contra las drogas mató a casi 2288 personas, desde que asumió el cargo el 30 de junio.
La campaña hizo que 700.000 usuarios de drogas y vendedores se entregaran a las autoridades en un proceso denominado "rendición".
Hay pocos programas o instalaciones para ayudarlos.
Hasta que el gobierno anunció recientemente planes para un nuevo mega centro de rehabilitación, Filipinas tenía sólo 44 instalaciones de tratamiento públicas y privadas con una capacidad combinada de tan sólo 7200 personas, según el director de la agencia de drogas peligrosas, Benjamin R
eyes.
El nuevo mega centro de rehabilitación, financiado por el desarrollador de bienes raíces Huang Rulun, que donó el dinero, será capaz de tratar hasta 10.000 pacientes. El gobierno dijo que está planeando otros cuatro mega centros de tratamiento en otras partes del país.
Mientras tanto, los gobiernos locales y los centros privados están tratando de tapar los huecos.
Hay distintos tipos de centros privados de rehabilitación. Existen desde los grupos de apoyo dirigidos por el clero en una nación predominantemente católica, hasta los programas de tratamiento que cobran cientos de dólares al mes y son inaccesibles para la mayoría de los filipinos.
En Olongapo, una ciudad de 220.000 habitantes, a tres horas al norte de Manila, los consumidores aprenden carpintería y reciben 5000 pesos filipinos (103 dólares) al mes para construir ataúdes de madera. Los ataúdes de chapas de madera simple y pintados de blanco se proporcionan a las familias más pobres de la ciudad que no pueden pagar los servicios funerarios.