Los agentes de policía de Los Ángeles no pararán a nadie sólo para determinar su estatus legal en Estados Unidos.
Es una política arraigada de hace tiempo en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), pero el jefe del departamento, Charlie Beck, consideró necesario recordarlo esta semana.
"No tengo pensado hacer nada diferente", declaró Beck. "No
nos vamos a involucrar en actividades de aplicación de la ley que se basen únicamente en el estatus migratorio de una persona.
"No vamos a trabajar conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional en los esfuerzos de deportación. Ese no es nuestro trabajo y no lo convertiré en nuestro trabajo".
La aclaración de Beck se produce en un contexto de miedo y preocupación ante los planes del presidente electo para deportar hasta tres millones de indocumentados con antecedentes judiciales.
La Orden Especial 40
El LAPD se ha distanciado de las políticas de migración federales desde hace décadas.
De hecho, se rige bajo la Orden Especial 40 firmada en 1979 por el entonces jefe del departamento Daryl Gates que prohíbe a los agentes iniciar contacto con una persona sólo para determinar si está en el país de forma legal.
Además de seguir esta orden, bajo el mandato de Beck el departamento dejó de entregar personas arrestadas por delitos menores a los agentes federales para su deportación.
Tampoco obedeció peticiones federales para que el departamento entregara a presos que pudieran ser "deportables" después de cumplir su sentencia.
El jefe del LAPD dijo que su personal está hablando con líderes comunitarios para escuchar sus preocupaciones sobre la aplicación de la política migratoria.
"Este es el mismo LAPD que tenían ustedes el lunes de hace una semana", expresó Beck.
"No hemos cambiado por las elecciones del martes. Tenemos los mismos principios. Tenemos los mismos valores. Esto no va a cambiar la forma en que el departamento aplica la ley".
Solidaridad de las autoridades
Las autoridades locales de Los Ángeles también intentan aliviar algunas de las preocupaciones de la población y reiteran su apoyo a los inmigrantes que residen en la ciudad.
En una reunión celebrada el pasado viernes en la sede de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, por sus siglas en inglés), el alcalde de la ciudad, el demócrata Eric Garcetti, dijo que su gobierno local cuestionará las decisiones de Trump sobre inmigración.
"Si el primer día de Trump como presidente vemos algo que es hostil a nuestra gente, hostil a nuestra ciudad, malo para nuestra economía, malo para nuestra seguridad, hablaremos alto, actuaremos y responderemos", declaró Garcetti.
También se pronunció sobre la Orden Especial 40:
"Nuestros agentes de ley y del LAPD no van por ahí pidiéndole a la gente sus papeles y no deberían hacerlo", señaló. "Ese no es el papel de nuestro equipo local de ley y orden".
Protestas diarias
Más de un millón de los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en todo el país residen en el condado de Los Ángeles, según el Instituto de Política Migratoria.
Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, las protestas se suceden a diario en Los Ángeles.
Si bien en estas manifestaciones hay despliegue de agentes policiales para evitar que se conviertan en marchas violentas, el LAPD ha expresado en sucesivos tuits su respeto al derecho de la ciudadanía a la libre expresión
Por su parte, el distrito escolar unificado de Los Ángeles ha puesto en marcha un servicio de asesoría para los estudiantes que estén preocupados de que los deporten a ellos o a sus padres.