El Parlamento reitera su desacato al Supremo, que ordenó a los diputados abandonar su intento de juicio político al presidente Maduro
Venezuela parece convertirse en el cuento de nunca acabar. Se alternan las noticias de acercamientos y desencuentros entre el Gobierno chavista de Maduro y la oposición mientras los obispos del país alertan del peligro de una guerra civil.
Después del reciente anuncio de acuerdos base en el diálogo entre el Gobierno y la oposición para mejorar las relaciones con la Asamblea Nacional (AN, de mayoría opositora), ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un amparo interpuesto por el procurador de la República, Reinaldo Muñoz.
La corte, integrada por miembros en su mayoría chavista, ratificó un dictamen previo y ordenó a los diputados «abstenerse de continuar con el pretendido írrito juicio político (a Maduro)» y de «dictar cualquier tipo de acto parlamentario o no» y de convocar y realizar «manifestaciones violentas o actos que alteren el orden público». El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, afirmó que la AN continuará en «desacato» de todas las «acciones anticonstitucionales» del Gobierno y de otros poderes públicos.
El nuevo enfrentamiento se produjo poco después de la advertencia lanzada desde Roma por Pedro Pablo Aguilar, director del departamento de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela. «Si la mesa de diálogo no avanza, es posible» que haya una guerra civil, respondió a una pregunta concreta sobre el tema.
Aguilar acompaña al arzobispo Baltazar Enrique Porras Cardozo que será promovido a cardenal el próximo día 19. El futuro purpurado recordó que «la Iglesia no está con la oposición, la Iglesia está con la gente» y comentó que la mesa de diálogo en la que media el Vaticano «se están dando pasos». «Uno quisiera que fuera mañana, pero con paciencia y constancia todo se puede», indicó a EFE antes de admitir que existe una «desconfianza muy grande» porque otros intentos de conversar «han quedado en absolutamente nada».
Porras describió la crisis del país: «No hay qué comer, no hay medicamentos», «la violencia está desatada» y «la impunidad y la corrupción son evidentes». Agregó que en los últimos 18 años de chavismo se han cerrado «más de 5.000 empresas, casi todo lo que nosotros producíamos ahora es importado». Añadió que el empeño en «calcar» el régimen cubano «ha sumido a Venezuela en una pobreza que era desconocida». Aguilar también incidió en que en estos años «se ha sembrado un lenguaje de odio».
El líder opositor Henrique Capriles, por su parte, insistió en la necesidad de una salida de Nicolás Maduro del poder por la vía electoral. Dijo que si el referéndum revocatorio contra Maduro «fuese para el año que viene, para febrero del año que viene, o marzo del año que viene (fuera ya de fecha), ¿pierde sentido? No señor, no pierde sentido y yo haría una propuesta de qué debe hacer la Asamblea Nacional». A su juicfio debería modificarse la Constitución, pero para ello sería necesario que el Gobierno cumpla el compromiso de respetar la autonomía de la Asamblea Nacional y con la nueva sentencia del Supremo no parece que los tiros vayan por ahí.