La jueza Ann Donnelly, de Brooklyn, en Nueva York, ha accedido a la petición de la Asociación de Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) de suspender con carácter cautelar las deportaciones de personas procedentes de Libia, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia, y Yemen que llegan a EEUU decretada por el presidente de ese país, Donald Trump, el viernes.
La sentencia de Donnelly solo afecta a las personas arrestadas a su llegada a EEUU que, según la magistrada, habían tenido la mala suerte de estar viajando en el momento en el que Trump firmó la Orden Ejecutiva en la que establecía la prohibición de derecho de asilo a esas personas. Como estableció la jueza, "presumiblemente, nuestro propio Estado autorizó su entrada en el país". Evidentemente, cuando una persona viaja a EEUU tiene que tener sus papeles en regla, y en los casos de las personas que han pedido asilo político, ese requisito es más obvio.
El argumento de Donnelly es que esos solicitantes de asilo podrían sufrir daños o represalias si regresan a sus países de origen. Ayer, seis cristianos sirios de Damasco fueron deportados y devueltos a su país, que está sumido en guerra civil desde hace casi seis años.
Aunque se desconoce el número de personas exacto de personas detenidas en los aeropuertos, más de un centenar de viajeros se habrían visto afectados. En el juzgado de Donnelly, los abogados que representaban al Estado de EEUU declararon que ellos tampoco saben cuántos hay porque "eso no es fácil".