Estados Unidos se ha sumido en una guerra institucional y burocrática sin precedentes con motivo de la ratificación de los nombramientos del Gabinete de Donald Trump y del nuevo juez del Tribunal Supremo, Neil Gorsuch.
Por un lado, el presidente ha aconsejado al presidente del Senado, Mitch McConnell, que es, como él, republicano, que acabe con la norma, vigente desde que existe el país y codificada en 1917 y 1975, que permite una minoría de bloqueo en el nombramiento de los miembros del Supremo. McConnell no ha respondido a la idea de Trump, llamada coloquialmente, 'la opción nuclear', en una clara referencia de lo que supondría para la actividad legislativa.
Apenas dos horas antes, los republicanos del Senado habían "suspendido" el procedimiento habitual para así ratificar en el cargo de los secretarios del Tesoro, Steve Mnuchin, y de Salud, Tom Price, que se encontraban paralizadas por el bloqueo demócrata.
Y todo en un día que había amanecido con la resaca de los 1.000 diplomáticos del Departamento de Estado que han empleado un canal de comunicación interno conocido como 'Canal del Desacuerdo', y que fue creado durante la Guerra de Vietnam, para expresar su rechazo a la prohibición de entrada en el país de personas de siete países mayoritariamente musulmanes durante tres meses, el cierre de las fronteras de EEUU a los refugiados de cualquier parte del mundo durante 120 días, y la prohibición 'sine die' de la concesión de visados de refugiados a ciudadanos sirios.
La respuesta del equipo de Donald Trump se resume en lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca a los diplomáticos críticos con la nueva regulación inmigratoria: "Deberán aceptar el programa o irse". El equipo de Donald Trump no tiene el menor interés en negociar con nadie, en lo que constituye un nuevo rechazo por la vía de los hechos de quienes afirmaban, durante su campaña, que sus propuestas más provocadoras eran "una manera de iniciar la negociación".
Correa de transmisión
En ese contexto, el papel del Congreso -formado por dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes- queda reducido a una mera correa de transmisión que se dedica a estampar un tamponazo de aprobación en los edictos que emanan de la Casa Blanca. De ahí viene precisamente la propuesta de Trump a McConnell.
En el nuevo sistema político estadounidense, el Legislativo, que cuando nació el país tenía más poder que la Presidencia, corre el riesgo de transformarse en florero institucional, aunque ayer dos senadores republicanos amenazaban con votar en contra de la candidata de Trump a secretaria de Educación, Betsy deVos. La mejor noticia para el presidente fue que el Senado dio luz verde al ex presidente y consejero delegado de la petrolera ExxonMobil como secretario de Estado.
A Trump y a los republicanos les gustan los bloqueos parlamentarios si los hacen ellos. "Bloquear, bloquear, y bloquear", dijo en febrero de 2016 el ahora presidente cuando le preguntaron qué hacer ante la vacante en el Supremo dejada por el fallecimiento del juez conservador Antonin Scalia. Trump, que sugirió en una llamada telefónica a un programa de radio que Scalia había sido asfixiado con una almohada acaso por órdenes de la Casa Blanca, debe en gran parte su actual cargo al debate sobre el nombramiento del Supremo.
La clave fue que el presidente se sirvió del fallecimiento de Scalia para presentar una especie de certificado ideológico de conversión al conservadurismo. Ese movimiento le garantizó el apoyo de la comunidad evangélica, que no veía con buenos ojos a un multimillonario de Manhattan, casado tres veces, estrella de 'reality shows', y con excelentes relaciones -hasta entonces- con la comunidad homosexual.
Así es como Trump ha nombrado a dos conservadores en materia social, que se oponen al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, para cargos de la máxima importancia. Uno es el de fiscal general-que equivale a secretario de Justicia-, para el senador Jeff Sessions. El otro, el puesto de Scalia en el supremo, para Gorsuch, otro conservador en materia económica y social.
Un poder inimaginable
El Supremo de EEUU tiene un poder inimaginable en otros países. Sus nueve miembros no responden ante nadie, son vitalicios, y, literalmente, interpretan la Constitución. El aborto, el matrimonio homosexual, la abolición de la pena de muerte para menores de edad, el final de la discriminación racial (y, antes, el inicio de la discriminación racial) han sido decididos por el Supremo de ese país, que en la actualidad tiene cuatro republicanos y cuatro demócratas.
La cuestión, claro está, es que el Senado lo ratifique. Para ello, deben pasar dos cosas.
Primero, el Comité de Justicia de esa cámara tiene que aprobar el nombramiento. Dado que ahí los republicanos tienen mayoría, no cabe duda de que Gorsuch va a salir adelante.
El problema llega después. El nombramiento debe ser votado por el pleno de la Cámara. Y, para ello, es preciso que 60 senadores dé luz verde a la votación. En este momento, los republicanos tienen 52, y los demócratas, 48.
Así pues, basta con que 41 legisladores de ese partido se opongan a que se vote para que la votación no se produzca. Es el llamado 'filibusterismo', con diversas variaciones,
En 2013, el presidente demócrata del Senado, Harry Reid, recurrió a la 'opción nuclear' y eliminó esa norma en el caso de los nombramientos -excluidos los del Supremo- tras ver que los republicanos ejercían su minoría de bloqueo para aplicar 'filibusterismo' a todo lo que venía de la Casa Blanca de Obama. Cassandra Butts se murió en 2016 después de dos años y medio a la espera de que el Senado se dignara a desbloquear su nombramiento para un cargo tan sensible como embajadora en las Bahamas. Y en junio de 2011 Peter Diamond retiró su candidatura al comité de gobernadores de la Reserva Federal después de un año y medio de espera. Entre medias, a Diamond le dio tiempo hasta de ganar el Premio Nobel de Economía. Pero no de que los senadores republicanos encontraran tiempo para votarle.