La ola de protestas, dentro y fuera de Estados Unidos, por la separación de niños y familias migrantes sin papeles ha forzado a Donald Trump a dar marcha atrás en esta política. El presidente firmó este miércoles una orden ejecutiva que ponga fin a una práctica que ha causado estupor entre los propios republicanos, provocado la condena del Papa, la reprobación de Naciones Unidas y el rechazo de otros Gobiernos, como el de Reino Unido. Trump ha explotado electoralmente el discurso antiinmigración con éxito y sin contemplaciones hasta ahora, pero el golpe a la infancia ha roto finalmente una costura.
“Queremos mantener a las familias juntas. Es muy importante”, confirmó Trump esta mañana, quien admitió que la "visión" de estas separaciones no le gustaba. Se trata de una rectificación explícita del presidente de EE UU, quien siempre saca pecho por su dureza negociadora y había tomado el drama de los niños sin papeles como moneda de cambio para lograr una legislación migratoria más dura. Aun así, mantiene el brazo de hierro porque la orden busca acelerar juicios y eliminar los plazos que limitan la detención de menores. Los aproximadamente 2.300 niños ya apartados, además, no se reagruparán de forma inmediata con sus familias de custodia mientras se resuelven sus procesos migratorios.
EE UU ha empezado a separar desde abril de forma generalizada a las familias que intentan entrar ilegalmente, después de un cambio de criterio de la Fiscalía. Bajo una nueva doctrina de "tolerancia cero", todo inmigrante indocumentado se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal, aunque no tenga antecedentes penales, por eso los niños no pueden seguir junto a ellos y son separados. La crisis estalló en la opinión pública en los últimos días, cuando se hizo público que en el lapso de apenas seis semanas, entre el 19 de abril y 6 de junio, la Administración había separado a unos 2.000 niños, a veces bebés, de sus progenitores o familiares adultos.
La repulsa a esta situación fue creciendo y generalizándose hasta lograr algo tan improbable como que Donald Trump, el magnate que alardea de negociar con dureza y ganar cualquier pulso, haya dado marcha atrás y decidido mantener a las familias juntas, aunque sigan los cargos criminales para cualquier sin papeles. Han hecho falta imágenes de hileras de niños entre tiendas de campaña y grabaciones de sus llantos dando la vuelta al mundo. "El dilema es que si eres débil tu país se va a ver abrumado con gente, si eres fuerte, entonces no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte", reflexionó ante los reporteros.
Más plazo de detención y menos espera para el juicio
La "tolerancia cero", de hecho, se mantiene. Un fallo judicial de 1997 —ratificado después por otras sentencias— conocido como el acuerdo de Flores estableció que ningún niño puede permanecer en un centro de detención más de 20 días aunque esté con sus padres. Con la nueva política de separación de los menores, este límite ya no afectaba a sus progenitores. La orden ejecutiva recién firmada insta al fiscal general a solicitar la reversión de ese acuerdo y ese plazo, plantea la aceleración de los procesos judiciales para las familias e insta al Departamento de Defensa a facilitar instalaciones para albergar a las familias.
El Gobierno tiene bajo custodia a 11.351 menores inmigrantes en un centenar de centros, según los últimos datos. El demócrata Barack Obama también aplicó la doctrina de la tolerancia cero en la frontera cuando se enfrentó a oleadas de inmigración irregular, pero hacía excepciones con los adultos que iban acompañados de niños y también con aquellos que cometían su primera infracción. Y su predecesor, el republicano George W. Bush, también aceleró los juicios y generalizó los cargos penales contra los sin papeles, pero mantuvo a las familias unidas de forma generalizada.
Estos días Trump ha estado justificando que la medida no implicaba más que el cumplimiento de la ley y que era responsabilidad de los legisladores cambiarlo con una nueva normativa. Pero esta práctica no responde a ninguna legislación y el hecho de que este miércoles anuncie una orden ejecutiva para frenarlo lo demuestra. Es más, ni siquiera necesitaría esa orden si se replantea la práctica de la tolerancia cero. La orden ejecutiva estará en vigor hasta que haya una nueva legislación migratoria que aborde el problema, pero el debate sobre inmigración lleva meses bloqueado en el Congreso sin arrojar ningún consenso de reforma.