Los argumentos de la Iglesia Católica se tienen en cuenta porque la Institución misma expresa que casi el 90% de las personas que viven en Argentina son católicas (boletín AICA Nº 2500) ¿ES ESO VERDAD? Sabemos que esos porcentajes son ficticios. Según ellos ese número se basa en la cantidad de bautismos en relación a la cantidad de habitantes del país y, por ese número, también la Iglesia recibe subvención del Estado.
El dato a destacar es que bajo este precepto expresan que todas esas personas están de acuerdo con sus doctrinas. Lo cierto es que si bien el 90% de los habitantes de Argentina están bautizados, los practicantes son un porcentaje muy bajo y ni siquiera ellos están a favor de todo lo que opina la Iglesia (encuesta CONICET).
En otras palabras, no existe una suma exacta por persona bautizada que el Estado le otorga a la Iglesia, pero el número de bautizados permite que se proclamen desde una representatividad que en realidad es ficticia. En función de ello, la Iglesia SÍ consigue negociaciones en materia de subsidios, subvenciones, exención de impuestos, terrenos cedidos, pago de salarios, donaciones, etcétera.
Además, la Constitución Nacional obliga al Estado a mantener económicamente la estructura eclesiástica. En un informe de Chequeado.com se mostró que el Estado argentino destinó este corriente año $167 millones de pesos para ayudar al mantenimiento de 140 obispos y arzobispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas, de acuerdo al Presupuesto Abierto del Ministerio de Hacienda de la Nación.
Según reveló el jefe de Gabinete, un obispo diocesano cobra 46.800 pesos mensuales; un obispo auxiliar, 40.950; un obispo emérito, 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos perciben 46.800 -igual que los obispos diocesanos-.
El año pasado, se destinaron $136 millones para estos mismos fines y para el fin de este 2018 se prevén en realidad unos 177 millones de pesos, de acuerdo a la inflación. ¿Por qué es importante dar cuenta de lo que significan estas cifras? Porque esta suma responde a la obligación del gobierno nacional a sostener el culto católico -estipulado en el segundo artículo de la Constitución de la Nación- que no se condice con un verdadero número de adeptos ni considera a ninguna otra creencia.
El financiamiento del Estado a la Iglesia católica es una crítica que suelen hacer desde los sectores de izquierda. Sin embargo, aquí la pregunta vino de un bloque filo oficialista.
