Un largo viaje desde la ciudad de Maracaibo (Venezuela), pasando por Medellín, Bogotá, Panamá, Cancún y Ciudad Juárez hasta El Paso fue lo que vivió la familia de Rafael Villasmil para huir de la tiranía de Nicolás Maduro. El venezolano de 33 años junto a su esposa y su hija de tres años llegaron a El Paso (Texas) el pasado 12 de julio después de cruzar el río Bravo y exponer su vida con tal de no seguir siendo víctimas de la policía secreta por manifestarse en contra del Gobierno de Venezuela. «No se lo recomiendo a nadie es mejor ir por los puentes y esperar su turno sin exponer la vida», dice Villasmil para ABC.
La Frontera Sur de Estados Unidos ha sido durante años la ruta de escape de los centromericanos. Ahora, los 3.169 kilómetros de frontera se han convertido en una opción más para los venezolanos que huyen desesperadamente de la crisis humanitaria en el país sudamericano. Sin embargo, la Administración de Donald Trump ha endurecido su política migratoria lo que complicó el proceso para pedir asilo en EE.UU. Desde el 16 de julio de 2019 entró en vigor una serie de medidas agresivas para los solicitantes de asilo. Una de las novedades es el programa de protocolo de protección, conocido con MPP o «Permanecer en México» que implica que deben esperar en ese país hasta que se resuelva su procedimiento. Otro cambio importante es que mientras el solicitante va a corte migratoria en EE.UU. a defender su caso estará detenido en centros de inmigrantes llamados «hieleras» por las bajas temperaturas a las que están sometidas las personas.
Villasmil narra que tras pasar la «entrevista de miedo creíble» (así se conoce la primera entrevista en inmigración) tuvo que esperar seis meses escondido en México con dinero que le enviaba un familiar desde EE.UU. porque si salía a la calle podía ser secuestrado por alguno de los cárteles que operan en la frontera hasta el 6 de diciembre, día que se presentaría en la corte en EE.UU. Recuerda que le aconsejaron no llegar a la Frontera por Sonora ni por Laredo porque había muchos cárteles que estaban secuestrando a los extranjeros.
«Cuando llegué al aeropuerto de Ciudad de Juárez me detuvo la policía federal, me metieron en un cuarto y me pidieron mil dólares por personas para dejarnos pasar. Amenazaron a toda mi familia con venderla a un cártel si no pagaba. Tuve que darles lo único que tenía: 700 dólares. Y me quedé sin dinero».
Después de pasar lo peor, el 6 de diciembre Villasmil asiste acompañado de su abogado a corte migratoria: «Nos aprobaron el asilo, pero no sabemos qué pasó que nos dejaron detenidos cinco días más. Nos dieron un papel plata para cubrirnos del frío. Comíamos burrito con huevo, burrito con arroz y pollo y un sándwich de pan integral todos los días. Mi hija se puso mala y no nos dieron asistencia médica», cuenta que asegura que se reserva muchas cosas por su situación. Pero no todos corren la suerte de ser liberados. ONG’s de venezolanos en EE.UU.reportan más de 1.300 connacionales solicitantes de asilo detenidos. Según la Embajada del Gobierno interino de Venezuela en el país la cifra llegó a estar en 1.300, pero ha disminuido a 900, informa David Alandete desde Washington. La Embajada está trabajando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) para que los venezolanos esperen en libertad bajo fianza hasta que sea resuelto su caso.
Rolando Vázquez, abogado de migración, dice que cuando las personas piden asilo se entregan a las autoridades, si superan la entrevista de miedo les dan cita para asistir a Corte, pero si no los deportan. Es ahí cuando se presenta el problema pues como Venezuela y EE.UU. rompieron sus relaciones hace más de dos años las personas quedan en un «limbo legal» y, por lo tanto, permanecen detenidas. «Hay personas que llevan más de un año en un centro de inmigrantes», dice Vázquez. Asegura a su vez, que hay muchas injusticias con los casos de asilo. «A la familia Villasmil el juez les aprobó el asilo, la defensa no apeló y ellos tenían que quedar en libertad. La Embajada venezolana no atendía mis llamadas, pero hice tanto ruído por redes sociales que me terminaron prestando atención. Ellos enviaron una carta a «Border Control» y mis clientes salieron inmediatamente».
Asimismo señala los peligros a los que se someten los inmigrantes sin medir los riesgos: «Tengo clientes que han salido de Venezuela cruzando trochas (pasos ilegales) hacia Colombia, toman un vuelo de Bogotá a Monterrey (México) y allí cogen un taxi que es sumamente peligroso hasta la frontera que queda a dos horas por 700 dólares».
Detenidos en el aeropuerto
Hay otros que entran con un visado por el aeropuerto y cuando le niegan la entrada piden el asilo. «El proceso es diferente. A ellos los meten automáticamente en centro de detención y están por un año o más», explica el abogado Rolando Vázquez.
Esto fue lo que le sucedió a la hermana de Carlos Meléndez, que viajó a Miami el pasado 10 de junio y pidió asilo en el aeropuerto. Desde Miami la trasladaron a Texas junto a 1.500 inmigrantes más y después a Misisipi. «A mi hermana la trasladaron al Adams County Correctional Center (Misisipi) y nos han negado su salida bajo fianza», dice el joven quien asegura que ella puede salir bajo fianza porque su entrada fue legal a EE.UU. Tras siete meses detenida, su asilo aún no ha sido resuelto, pasó la entrevista creíble y está en un limbo esperando fecha para ir a corte. «¿Cuánto más tiene que esperar allí dentro? La violación de los derechos humanos es gravísima no los deportan ni los dejan en libertad.
He pagado 9.000 dólares en abogado y no hemos podido sacarla de la cárcel», lamenta profundamente Meléndez.
